¿Por qué tiene que entrar en vigencia la nueva ley de medios?
1. La lucha por la democratización de los medios no empieza ni termina con la nueva ley. Es una reivindicación que desde hace años vienen impulsando medios comunitarios, alternativos y populares, organismos de derechos humanos y diversas organizaciones sociales.
2. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual incorpora parte de esos reclamos, sobre todo el que se refiere al reconocimiento legal de los medios audiovisuales comunitarios y populares, e implica un verdadero avance en relación a la normativa vigente desde la última dictadura militar. No es producto de la bondad de un gobierno que aplazó por diez años las licencias de los grandes oligopolios mediáticos y que ahora se encuentra en un conflicto coyuntural con uno de ellos (luego de años de buenas relaciones), sino de un proceso de lucha y acumulación que como movimiento popular no debemos regalar a nadie.
3. La ley también incorporó algunos elementos progresivos, aunque no suficientes, como son las limitaciones que establece a la concentración en la propiedad de los medios y la reserva de espectro para asignarle señales a universidades públicas, municipios y provincias. A su vez, permitió que por primera vez en mucho tiempo la discusión acerca de la propiedad de los medios de comunicación se extendiera más allá de los propios medios comunitarios y alternativos, algunos sectores de la academia y ciertas organizaciones populares.
4. Por esos contenidos –y porque las trabas legales que se están imponiendo a su implementación responden a los intereses de los grupos económicos que no están dispuestos a ceder nada en su posición de privilegio- es que consideramos que la ley debe entrar en vigencia. No para cerrar el debate y esperar sentados de brazos cruzados los “beneficios”, sino para emprender en mejores condiciones una nueva etapa en esta larga lucha por democratizar los medios. Etapa signada por nuevos desafíos vinculados con la reglamentación de la norma, la exigencia de respuestas referidas a situaciones que la ley no considera y, sobre todo, con la necesidad de seguir fortaleciendo y expandiendo los medios alternativos, ya que son herramientas indispensables para pensar cualquier proceso emancipador.
5. Todo proceso de transformación social profunda implica un proceso de acumulación de fuerzas, que expresa el avance en los niveles de conciencia y subjetividad y el desarrollo de las capacidades organizativas de las clases subalternas. Esa acumulación no puede ser concebida como el mero “engorde” de una u otra organización, sino como un proceso basado en la unidad y la articulación del movimiento popular para la generación de instrumentos organizativos que permitan avanzar en la construcción de alternativa política, social y cultural.
6. A su vez, no concebimos a la construcción política como una mera sucesión de declaraciones. Vemos con enorme preocupación e indignación el que sectores de la “izquierda autorreferencial” resulten funcionales a los grupos de poder más concentrado (en este caso los oligopolios mediáticos) a partir de cierto “purismo” que deviene en un real oportunismo político, y que los lleva a posiciones insólitas una y otra vez (marchando con la sociedad rural o defendiendo a los periodistas de Clarín en este caso). Lejos estamos de estos enfoques. No basta con posicionarse ante los acontecimientos desde dogmas teóricos abstractos; se trata de organizarse para la intervención en una situación dada, entiendo los procesos de acumulación del movimiento popular en un sentido transformador.
7. La lucha por desarrollar medios de producción mediática y cultural alternativos a los medios que expresan los intereses de las clases dominantes, adquiere un sentido pleno en la medida en que esa lucha forma parte de un proceso más abarcador de construcción de poder popular. Por eso es una pelea que debe involucrar al conjunto del movimiento social y popular de nuestro país.
8. Se trata de no retroceder en cuanto al espacio ganado; el escenario que abriría la aplicación de la nueva ley nos coloca ante retos más exigentes que vuelven imprescindible un mayor nivel de organización y articulación entre los medios alternativos y de éstos con las organizaciones del campo popular.
9. La apuesta de fondo es lograr que esos medios sean parte de un proceso de organización desde abajo que movilice a los sectores populares en pos de la creación una cultura liberadora y de la construcción de una nueva fuerza política popular y unitaria, que nos permita ir más allá del posibilismo reinante y superar las incapacidades de aquellos enfoques que siguen reproduciendo una mirada estrecha acerca de cómo construir la fuerza y el sujeto histórico que protagonice los cambios que nuestro pueblo necesita.
10. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como toda institución, cristaliza un estado de las luchas y una determinada correlación de fuerzas, y deja planteado un escenario que establece, aunque no de manera estática, las condiciones para disputas y avances posteriores. Por eso somos parte de los sectores que desde un comienzo plantearon (y seguiremos planteando) la necesidad de que la normativa que se implemente en esta materia limite de manera significativa no sólo el papel de los multimedios, sino el de los medios comerciales en cuento tales, lo que supone alentar el desarrollo de los medios públicos y los que se definen como comunitarios o populares. A su vez, ratificamos la necesidad de avanzar en la discusión sobre un sistema de medios públicos no gubernamentales, anular el decreto 527/05, poner en cuestión la existencia misma de multimedios y establecer el trato diferencial a los medios comunitarios y populares al momento de asignar las licencias y garantizarles los recursos para la mudanza del sistema analógico al digital.
Será cuestión de correr a un lado la “cola del diablo” y estar a la altura de las circunstancias.
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